El Senado comenzó ayer a cerrar una de las heridas más profundas en materia de Derechos Humanos al aprobar en general el proyecto que repara a compatriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de persecusión política o sindical.
Cuando el reloj marcaba la hora 19.54 la unanimidad de senadores respaldó la iniciativa y desde las barras, en un gran número colmadas, decenas y decenas de ex presos políticos, exiliados y clandestinos, explotaron en un cerrado aplauso.

"Se trata de lograr una calidad de vida digna para aquellos que nunca pudieron disfrutarla hasta hoy", sintetizó la senadora Susana Dalmás (Asamblea Uruguay) que ofició de miembro informante.
Su correligionario Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) sostuvo que "es una asignatura pendiente de la democracia uruguaya; esta es una cuestión de DDHH; hay heridas abiertas de la dictadura que padecimos y de lo que fue el terrorismo de Estado en el país y que acá lo que vamos a votar es una iniciativa reparatoria, procurando mitigar ese daño provocado".

El proyecto continuará siendo analizado en particular en esta jornada.

Alcance
La senadora Dalmás recordó que las consecuencias de la dictadura sobre quienes fueron víctimas de la cárcel, "impidió el desarrollo de carreras y el crecimiento laboral, colocó a todos los que la padecieron en una situación de inferioridad para lograr una reinserción laboral que les permitiera rehacer su vida al recuperar su libertad".

Dalmás dijo que el artículo 1º establece el alcance: "Se trata de aquellas personas que entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 se hubieren encontrado en las siguientes situaciones: a) exiliados por razones de persecución política, y que hubiesen regresado al Uruguay antes del 1º de marzo de 1995; b) quienes fueron detenidos o debieron vivir en la clandestinidad durante ese período. Va a ser incluido un literal c que hace justicia a las personas del sector privado y que habiendo cumplido con una decisión de la central sindical de huelga general contra la dictadura militar fueron objeto de despido por el decreto del gobierno de facto".

La legisladora también aludió a quienes "antes de 1973 sufrieron persecución política afectando su vida laboral y están en condiciones de acreditarlo fehacientemente para ser analizado caso a caso".

Integral
Antes de hacer uso de la palabra, el senador Rubio dijo estar impedido de referirse al proyecto por su condición de ex preso político, pero el Senado aprobó que se habilitara a todos, a instancias de Korzeniak.

Rubio estimó que el daño reparado es parcial "porque no se puede devolver a las víctimas el tiempo de reclusión o la salud perdida por causa de la tortura y de las pésimas condiciones padecidas por estos 20 años de demora en esta deuda ética que tenemos los uruguayos con nosotros mismos y con un grupo de compatriotas". A su entender, "hay una reparación que debe ser integral y sin exclusiones. No sólo se refiere a los aspectos de impacto jubilatorio o similares, sino que debe abarcar a la memoria, a la cultura, a la educación, y al reconocimiento público. Acá hay la necesidad de que la sociedad haga un reconocimiento público a lo que fue la militancia, la dedicación y la entrega de un conjunto de compatriotas que soportaron situaciones aberrantes desde el punto de vista de los derechos humanos". Según el legislador de la VA "esto nos dignifica como país".

Protagonistas

Por su parte, el senador nacionalista Julio Lara expresó su voto favorable pero estimó que el proyecto "deja pendiente situaciones que habrá que seguir analizando", y expresó su disposición de seguir "trabajando codo a codo con las diferentes organizaciones", a las cuales nombró. Las organizaciones, dijo Lara, "han sido los verdaderos protagonistas de esta encomiable tarea para restituir los derechos jubilatorios de aquellos que entre 1973 y 1985 fueron víctimas de las políticas agresivas de la dictadura".

El legislador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) sostuvo que "en todos estos casos, nunca la reparación, la recompensa, o la solución que se encamina a través de la ley va a ser suficiente, siempre va a quedar abierta la posibilidad de que el beneficiado o sus sucesores señalen al Estado uruguayo que quedan deudas pendientes: algunas de carácter moral, otras de carácter ético y otras de carácter pecuniario".

El senador comunista Eduardo Lorier señaló que se está atendiendo a lo que significaron los "brutales crímenes de lesa humanidad. El aparato del Estado es el principal protagonista del terrorismo de Estado. Nadie pudo quedar fuera de una situación terrible, ni ex presos políticos, clandestinos, ni exiliados junto a todos los que sufrieron".

Lo justo y sabio

Para Rafael Michelini (Nuevo Espacio) "la idea inicial ha sido mejorada. En el día de hoy puede estar quedando un luchador por el camino, y por lo tanto no descarto modificaciones en el futuro. Es una ley que habrá que evaluarla y hay que hacer un equilibrio entre lo justo y lo sabio". Dejó constancia que "quizás los más dañados de todos, desaparecidos o asesinados, es una materia pendiente, no del gobierno, sino de todos".
"Mi aporte es preguntarnos por qué en 20 años no había existido una norma de este tipo, quizás más acotada", se preguntó. "Este es un paso para transmitirle a la sociedad que todos los que estamos reparando son luchadores, pelearon por principios, por las convicciones, pero que el daño que hizo el Estado había que repararlo", agregó.
 

Fuente: La República - 6/9/06